miércoles, 29 de octubre de 2014

ENTIDADES SUPERVISORAS DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL SALVADOR

ENTIDADES SUPERVISORAS DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL SALVADOR

v  Ø Banco Central de Reserva de El Salvador. Su objetivo es velar por la estabilidad del Sistema Financiero, estableciendo medidas prudenciales y regulaciones que aseguren su solvencia financiera y que permitan ofrecer servicios financieros eficientes. Esto reduce los costos operativos, fomenta el ahorro y facilita el crédito, lográndose el desarrollo financiero y contribuyendo al crecimiento económico.

v  Ø Superintendencia del Sistema Financiero. Su función principal es vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al Banco Central de Reserva, Bancos, Financieras, Sociedades de Seguro, Intermediarios Financieros no Bancarios, Sociedades de Garantía Recíprocas, Casas de Cambio e Instituciones Oficiales de Crédito; correspondiéndole además, su fiscalización.

v  Ø Superintendencia de Valores. Su función principal es vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la Bolsas de Valores, las casas de corredores de bolsa, los almacenes generales de depósito, sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores, sociedades clasificadoras de riesgo, etc. correspondiéndole, además, su fiscalización. También inspecciona y vigila a los emisores, inscritos en el Registro Público Bursátil.

v  Ø Superintendencia de Pensiones. Constituye un servicio público, que por medio de su Ley, ha sido facultado por el Estado para ser administrado por Instituciones privadas que deberán ejercer una gestión profesional y de acuerdo a los principios de prudencia; su giro es de ser Administradoras, aunado a la obligatoriedad del ahorro para cubrirse de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, demanda un proceso de control y vigilancia especializado.


v  Ø Instituto de Garantía de Depósitos. En caso de disolución y liquidación forzosa de un banco miembro, garantiza los depósitos del público hasta por US $0.0067 millones. Asimismo, contribuye a la reestructuración de bancos miembros con problemas de solvencia, en defensa de los derechos de los depositantes y del propio Instituto. 

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